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 LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA

vermelho e negro de bruno limaLa democracia, tal y como queda configurada en el siglo XVIII, se apoya sobre tres pilares perfectamente delimitados en la Revolución Francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad. Un adecuado equilibrio entre los tres es lo que confiere legitimidad a la forma moderna de organizar las relaciones políticas entre los ciudadanos. Los tres principios, más que realidades plenamente conseguidas, han sido siempre referencias que indican hacia dónde se debe avanzar.

La igualdad se propuso para contrarrestar una nefasta característica del antiguo régimen: la división estamental de la sociedad provocaba que los seres humanos no fueran en absoluto iguales, casi en ningún sentido de la palabra. A lo sumo ?y no era poco, de todos modos?, los seres humanos eran iguales ante Dios, algo que se ponía de manifiesto especialmente en la muerte. Nuestros dramaturgos del siglo XVII lo habían narrado mil veces, con dos fábulas paradigmáticas: el gran teatro del mundo, que al final pone a todos en su sitio, y la rebelión de Pedro Crespo, quien claramente señala que de Dios para abajo (o a lo sumo, del rey abajo), ninguno.

Los ilustrados que promovieron la democracia consideraron que con esa igualdad no era suficiente y optaron por conseguirla antes de la muerte. Parecía bastante más justo. Ya estaba bien de que los nobles disfrutaran, por el mero hecho de haber nacido nobles, de unos privilegios o de unos derechos de los que carecía el común de los mortales.

Más de doscientos años después, la igualdad sólo ha avanzado en algunos aspectos, pero no en otros. Somos, teóricamente, iguales ante la ley, y eso ha llevado a eliminar los tribunales separados para los distintos estamentos sociales. Bien es cierto que eso está fuertemente limitado por la capacidad que tienen los ricos de enfrentarse a las leyes en condiciones mucho mejores que los pobres. Los impuestos pretenden redistribuir la riqueza y garantizar que hay unos mínimos que todos los ciudadanos reciben, sin tener en cuenta origen ni condición. Desgraciadamente, los impuestos directos, los que garantizan esa redistribución, están cayendo en estos momentos, con lo que no se favorece el crecimiento de la igualdad.

Pero el modelo de igualdad más querido de este modelo democrático es la igualdad de oportunidades. Es decir, se admite como inevitable y necesario la existencia de una cierta jerarquía social, del mismo modo que se reconoce la necesidad de que existan diferentes roles sociales acompañados de distintos niveles de reconocimiento y poder. Es decir, se admite un nivel ?controlado? de desigualdad social, con la condición de que todos podamos ascender en la escala social. Por eso, la igualdad es, sobre todo, igualdad de oportunidades. Sin duda alguna esto ya pone serias objeciones a la pretendida igualdad, porque en absoluto se está en contra de una sociedad jerarquizada, sólo de una ?injustamente? o ?excesivamente? jerarquizada.

Ahora bien, como se reconoce el hecho de que las situaciones de partida no son iguales, se van tomando medidas para conseguir que se superen ciertas barreras que desvirtúan las pretensiones de igualdad que legitiman el sistema. El ejemplo paradigmático es la educación: una sociedad meritocrática, en la que sólo se tiene teóricamente en cuenta el mérito individual para la promoción social, debe garantizar que todo el mundo tiene las mismas posibilidades de estudiar, pues es el nivel de estudios alcanzado el mejor garante de la movilidad social. Otras instituciones gratuitas, como la sanidad o las pensiones, están relacionadas con la fraternidad más que con la igualdad.

En los años sesenta del pasado siglo algunos comenzaron a exigir la acción afirmativa o la discriminación positiva. Es decir, reintroducir ciertas desigualdades legales encaminadas a garantizar a largo plazo una mayor igualdad. Se trataba de favorecer a colectivos tradicionalmente marginados que no lograban salir de su situación de postración social a pesar del reconocimiento formal de la igualdad de todos los ciudadanos. Empezó con los negros en Estados Unidos, pero luego se fue ampliando a otros colectivos, como discapacitados o mujeres. Desde entonces, la polémica no ha cesado. El actual gobierno socialista español ha decidido ampliar esas medidas de discriminación positiva, en especial con las mujeres y con los discapacitados. De otros colectivos marginados secularmente en España, como los gitanos, nada ha dicho, que yo sepa. Si nos centramos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en principio se puede y se debe estar de acuerdo en que es necesario hacer algo que rompa el techo de cristal que las mantiene en posiciones de segunda categoría. Lo que ya no está tan claro es que sea la discriminación positiva el mejor método, puesto que emplea un medio que no es coherente con el fin buscado: promueve desigualdad para garantizar la igualdad. Imponer por ley, por ejemplo, la paridad en los consejos de administración de las empresas o en las listas electorales, aplicar penas diferentes si la violencia la comete un hombre contra una mujer que en el caso inverso, exigir que en los puestos de responsabilidad de las universidades haya una representación paritaria de los dos sexos?, todas esas medidas y otras parecidas no están nada claras, o al menos es posible manifestar dudas que nada tienen que ver con oscuros deseos de mantener desigualdades previas.

Suelen ser bien recibidas por una amplia mayoría de la sociedad, sobre todo cuando la discriminación positiva se aplica en un ámbito en el que uno mismo no está afectado. Pero los argumentos en contra son dignos de consideración. Para empezar son medidas que se toman porque hay grupos discriminados, pero que afectan a individuos concretos, lo que supone ya un salto importante. Pueden pagar los platos rotos personas que nunca hayan colaborado con la discriminación que se pretende conseguir.

Además refuerzan el papel sobreprotector del gran hermano estatal, el papá estado que siempre nos protege y toma medidas que agostan la libertad individual. Es una manifestación más del difícil equilibrio entre libertad individual e igualdad social, en este caso decantándose por la segunda con costes para la primera. Por último, los datos de su aplicación no son muy claros y no parece que promueva de hecho la igualdad que postula. Todo esto, muy brevemente expuesto, es lo que me lleva a ser cauto en la defensa de la discriminación positiva, por la que siento cierta simpatía inicial, pero solo inicial.



 
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